Activismo global para una integridad práctica
«El gobierno abierto es una idea sencilla y poderosa: hacer políticas públicas para las personas, con las personas. Supone compartir la información que manejan las instituciones e implicar a distintos colectivos para afinar el rumbo de las políticas y, precisamente, devolver su sentido original al servicio público. Hoy en día, un gobierno que se precie debe basarse en los principios básicos del gobierno abierto: rendición de cuentas, transparencia, participación. Porque ese enfoque colaborativo -del gobierno, del parlamento o de la administración pública- es el que produce leyes y políticas más próximas a las necesidades sociales y con mejores resultados.
Si pensamos en un ejemplo del ámbito municipal, el gobierno abierto es lo opuesto a la política declarativa y a la foto cortando la cinta en la inauguración de una nueva escuela. Se trata de consultar a los vecinos sobre qué tipo de escuela hace falta, dónde construirla y permitir que la comunidad siga de cerca todo el proceso, desde la contratación de la obra hasta la apertura.
Ampliando la escala, un gobierno abierto es también el que mejor aborda los desafíos globales y de largo plazo, esos que desbordan los ciclos electorales y que es imprescindible encarar, como el cambio climático. A cualquier nivel, cuando la ciudadanía se siente parte de las decisiones públicas, crece su confianza en el Estado y se amplía el horizonte de posibilidades. Pero ojo: un gobierno abierto no surge por arte de magia. Requiere voluntad política, implicación sostenida y un constante reajuste.»
Ana Revuelta
Ana es una de las voces más activas en el movimiento global por la transparencia y el buen gobierno. Economista por la Universidad Autónoma de Madrid, con formación en desarrollo internacional (Sciences Po, París) y en gobierno y administración pública (IUIOG-UIMP), ha dedicado su carrera a fortalecer la integridad institucional y la participación ciudadana.
Desde 2008, cuando se incorporó a Transparency International en Berlín y más tarde en España, ha liderado proyectos para regular el lobby, mejorar el acceso a la información y promover entornos empresariales más limpios. Fue directora del Proyecto Integridad en TI España y miembro del jurado en iniciativas de datos abiertos, convencida de que la transparencia es la base para recuperar la confianza ciudadana.
Actualmente, como Coordinadora Regional para Europa de la UNCAC Coalition y investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) de la Alianza para el Gobierno Abierto, impulsa la implementación efectiva de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y evalúa planes de gobierno abierto en distintos países. En 2021, trasladó a Europa las recomendaciones del Panel FACTI de la ONU sobre transparencia financiera e integridad para avanzar en la Agenda 2030.
Su visión es clara: la apertura no es solo publicar datos, sino garantizar rendición de cuentas, integridad y participación real. En foros internacionales, defiende que la sociedad civil es un actor esencial para vigilar el cumplimiento de compromisos anticorrupción y para que el gobierno abierto sea una práctica viva, no una declaración.