Transparencia y privacidad en una democracia sólida
Defender la ética pública frente a la corrupción
«Todo modelo de gobierno abierto que merezca tal nombre debe garantizar plenamente la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Y la experiencia nos enseña que para ello hacen falta buenas leyes, pero también se precisan medios adecuados, políticas públicas vigorosas y mecanismos de supervisión y control eficaces.
En España, aunque hemos evolucionado mucho en los últimos diez años, todavía nos falta dar algunos pasos clave en todos esos ámbitos para construir un sistema sólido de transparencia pública. De que los demos o no, dependerá en buena medida la calidad de nuestra democracia en los próximos años.
Sabido es que la corrupción y las prácticas ilícitas anidan y crecen en los espacios de opacidad y que la creciente proliferación de la desinformación es una amenaza seria para el buen funcionamiento de los sistemas políticos democráticos. La transparencia reduce las zonas de oscuridad y, con ello, las oportunidades para realizar actividades irregulares, contribuyendo a generar entornos presididos por la integridad y la rendición de cuentas. Y el derecho de acceso a la información pública empodera a la ciudadanía para fiscalizar la actuación de los responsables públicos y para participar activamente en los asuntos comunitarios con datos e informaciones objetivas. De ahí que, hoy más que nunca, fortalecer ambas dimensiones del gobierno abierto resulte decisivo para preservar la esencia de nuestro sistema político democrático.»
José L. Rodríguez
«Nueve de cada diez españolas/es creen que en España hay mucha o bastante corrupción. Si analizamos la prensa diaria o, peor aún, las redes sociales, esta percepción estaría plenamente justificada. Es verdad que, por otra parte, la demanda de sobornos es bastante baja en nuestro país: 2% en el sector público. Una cifra bastante baja en comparación internacional e, incluso, europea. Hay países donde más del 60% de las personas encuestadas reconocen que le han pedido un soborno en el último año. Pero el soborno es sólo una de las manifestaciones de la corrupción.
En España, la ciudadanía cree que es corrupción no sólo lo que el código penal incorpora como tipo delictivo en los delitos contra la Administración, sino también los abusos de poder, el clientelismo y amiguismo, la mentira política, la opacidad y las conexiones oscuras entre dinero y política. De ello tenemos ejemplos cada día. Por eso somos tan críticos con las instituciones políticas y mostramos niveles tan bajos de confianza; aquí sí que somos punteros en Europa.
Un modelo de gobierno inspirado en los valores y principios del gobierno abierto es incompatible con estas prácticas que repudiamos. De ahí que la defensa de un Estado, no sólo el poder ejecutivo, abierto no sea simplemente un modelo ideal al que tender, sino una verdadera necesidad que debe ser construida cada día y el camino más profundo para recuperar confianza en nuestras instituciones; máxime en un momento, como el presente, en el que los avances del autoritarismo parecen imparables.»
Manuel Villoria
José Luis Rodríguez ha transitado por la academia y la alta administración pública con una idea clara: la transparencia no es un trámite, sino un derecho constitucional que sostiene la democracia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y formado en Derecho Constitucional en España y Alemania, su carrera se ha movido entre la reflexión jurídica y la gestión institucional.
Desde sus primeros años como investigador en el Instituto Max-Planck hasta su etapa como director de la Agencia Española de Protección de Datos (2011-2015), ha estado en el centro de debates cruciales: la protección de datos, el equilibrio entre privacidad y acceso a la información, y la regulación tecnológica. Durante su mandato en la Agencia participó en la elaboración del Reglamento Europeo de Protección de Datos y defendió que la Ley de Transparencia no podía convertirse en una excusa para opacar la rendición de cuentas. Ha firmado criterios interpretativos que concilian ambos derechos, anticipando la jurisprudencia que hoy refuerza el interés público frente al anonimato en la contratación pública.
Su trayectoria incluye responsabilidades estratégicas en el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Gobierno, donde impulsó normas sobre comunicación audiovisual y digitalización judicial. Pero su compromiso con la apertura se consolidó en 2020, cuando asumió la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, poniendo fin a años de interinidad en un órgano clave para garantizar el derecho de acceso a la información. Desde allí, ha defendido que el gobierno abierto implica generar confianza, asegurar la participación y construir instituciones que respondan a la ciudadanía.
Académico y jurista, José Luis sigue vinculado a la universidad. En sus publicaciones y conferencias insiste en que la transparencia y la protección de datos no son mundos enfrentados, sino piezas complementarias de un mismo objetivo.
Manuel Villoria es uno de los referentes indiscutibles en España cuando se habla de ética pública, buen gobierno y lucha contra la corrupción. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, ha dedicado más de tres décadas a investigar cómo regenerar la democracia desde la integridad institucional. Su formación es tan sólida como diversa: Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Complutense, Licenciado en Derecho y en Filología, y becario Fulbright en la Universidad de Indiana, donde profundizó en políticas públicas y gestión administrativa.
Manuel no se ha limitado a la academia sino que ha ocupado puestos directivos en la Administración española y ha participado en comisiones de modernización del Estado y en la creación de organismos evaluadores. Su compromiso con la transparencia se refleja en su papel como fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency International España, así como en su asesoría para organismos internacionales como la OCDE, el BID y la Unión Europea.
Autor de más de doscientas publicaciones, ha escrito obras esenciales como Ética pública y corrupción, Ética pública y buen gobierno y Combatir la corrupción, donde plantea que la apertura gubernamental no es solo un mecanismo técnico, sino una cultura democrática basada en valores. Para él, el gobierno abierto exige instituciones que combinen transparencia, participación y rendición de cuentas con sistemas eficaces de prevención del fraude.
Su trayectoria ha dado un nuevo giro en 2025, al asumir la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, organismo creado para blindar a quienes denuncian corrupción. Con ello, Manuel reafirma su convicción: la democracia se defiende no solo con leyes, sino con garantías reales para quienes se atreven a exigir integridad.
En sus conferencias y escritos, insiste en que la transparencia no es un fin en sí mismo, sino el camino para recuperar la confianza ciudadana. Y en ese camino, la ética pública es el cimiento sobre el que se construye un gobierno verdaderamente abierto