«Por una parte, la transparencia no se alcanza con aprobar una ley; requiere también una Administración dispuesta a facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información –conservar, estructurar y digitalizar la información, formar a sus empleados, guiar a la ciudadanía–, una ciudadanía comprometida a su ejercicio –con el liderazgo de watchdogs como periodistas y organizaciones no gubernamentales– y una estructura institucional de control al servicio de su efectividad, que incluya la previsión y la imposición de sanciones a los incumplidores. Por otra, el Gobierno abierto va más allá de la transparencia: conocer es solo el primer paso para denunciar con garantías de indemnidad las ilegalidades, para acudir a los tribunales en defensa de los intereses públicos, o para participar en la conformación de las políticas y decisiones públicas, evaluarlas y proponer mejoras.

Que los poderes públicos se abran a la ciudadanía y que los ciudadanos se impliquen en los asuntos públicos requiere mucho más que un diseño desde arriba hecho de palabras grandilocuentes sin convicción real. Necesita ciudadanos que se sientan tales, miembros de una nueva polis que hagan permeable la barrera que separa, en la terminología clásica tan elocuente, a administradores y administrados, los primeros ocupados de los intereses generales y los segundos de sus intereses particulares. Ciudadanos que entiendan que lo que es de todos a todos nos concierne. Las ciencias políticas y de la Administración y el Derecho han avanzado mucho en la fundamentación y desarrollo de mecanismos para hacerlo posible y queda aún margen de mejora, pero el salto cualitativo  solo podrá venir de la mano de la convicción política y de la ética pública. El Gobierno abierto no es solamente una arquitectura institucional; necesita una cultura cívica. La cuestión es si estamos dispuestos a alzar la mirada y desviarla del móvil, o del ombligo«.

Emilio Guichot